Vulnerabilidad en la crisis del COVID-19 parte 3: violencia de género

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las múltiples capas de vulnerabilidad que enfrentan diferentes grupos en nuestra sociedad. Uno de los colectivos más afectados ha sido el de las mujeres víctimas de violencia de género, quienes se han visto atrapadas en un contexto de aislamiento y riesgo. En este artículo, exploraremos la normativa española que busca proteger a estas mujeres, así como los datos que evidencian el aumento de la violencia de género durante el confinamiento.

Marco normativo para la protección de víctimas de violencia de género

El Real Decreto-ley 12/2020, promulgado el 31 de marzo de 2020, establece un conjunto de medidas urgentes para la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género. Esta normativa surge ante la necesidad de dotar de recursos a un colectivo que, en situaciones de encierro, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, obligadas a convivir con sus agresores.

La exposición de motivos del Real Decreto subraya la importancia de reconocer y abordar la vulnerabilidad de estas mujeres, quien no solo sufren agresiones físicas, sino también psicológicas, muchas veces invisibles hasta ese momento. En este sentido, se ha creado un marco legal para asegurar que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Aumento de la violencia de género durante el confinamiento

Los datos sobre violencia de género han sido alarmantes desde el inicio de la pandemia. Según informes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en los meses de marzo y abril de 2020, se registraron 18 víctimas mortales en España, 17 de las cuales fueron asesinadas en marzo, justo cuando se declaró el estado de alarma. Este repunte ha sido atribuido al confinamiento, que ha exacerbado las tensiones en el hogar.

  • El 78% de las víctimas no había presentado denuncias previas.
  • La mayoría de las víctimas mortales tenía entre 31 y 50 años.
  • El 77% de las víctimas convivía con su agresor.

Un caso particularmente conmovedor implicó a una mujer de 35 años que fue asesinada en Castellón frente a sus hijos. Este tipo de incidentes subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.

Recursos de acogida y asistencia durante la crisis

Durante el primer mes de confinamiento, el Instituto Andaluz de la Mujer reportó que 44 mujeres y 47 menores a su cargo buscaron refugio en sistemas de acogida. La situación se ha visto reflejada en las estadísticas de las fuerzas de seguridad, que han registrado un aumento significativo en las denuncias y detenciones de agresores.

En la región de Cataluña, los Mossos d’Esquadra informaron que, durante el confinamiento, se detuvieron a 572 agresores, lo que demuestra que la violencia de género no ha disminuido, sino que ha cambiado de forma. Aunque la violencia física puede haber disminuido debido a la posibilidad de ser escuchadas por vecinos, la violencia psicológica y el control se han intensificado.

La respuesta de las autoridades y el sistema judicial

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, los Juzgados de Violencia de Género han mantenido su funcionamiento como servicios urgentes. Esto ha permitido que las víctimas puedan acceder a la justicia, aunque con las limitaciones propias de la crisis sanitaria. La abogada Florentina Marin, que ha trabajado en este ámbito, destaca que las audiencias se han llevado a cabo con medidas de seguridad, como el uso de mascarillas y la comunicación por videoconferencia.

Aunque se han propuesto soluciones para realizar audiencias virtuales, en la práctica, estos recursos no siempre han estado disponibles, lo que ha dificultado el acceso a la justicia para muchas víctimas.

Estadísticas alarmantes sobre el fenómeno de la violencia de género

El Boletín Estadístico Mensual de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género revela que en marzo de 2020 se recibieron 6,273 llamadas al servicio 016, un 10.6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra indica que, a pesar del confinamiento, las mujeres están comenzando a romper el silencio y buscar ayuda.

  • El promedio diario de llamadas se incrementó un 10.4% respecto al año anterior.
  • Las llamadas al 016 se han convertido en un barómetro de la violencia de género durante la crisis.
  • La violencia psicológica y el control son ahora más visibles que nunca.

El papel de la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud ha calificado la violencia contra las mujeres como un grave problema de salud pública global. En su informe del 28 de marzo de 2020, advierte que durante emergencias como la pandemia de COVID-19, el riesgo de violencia de género se incrementa considerablemente. Las medidas de aislamiento pueden dificultar que las víctimas rompan con sus agresores, creando un ciclo de abuso que se perpetúa.

La Organización enfatiza la necesidad de que los gobiernos tomen medidas proactivas para abordar este problema, no solo durante la pandemia, sino como parte de una política de salud pública a largo plazo.

Desafíos y perspectivas futuras

El Real Decreto-ley 12/2020 ha sido un paso importante para garantizar la protección de las víctimas durante la crisis, pero también ha puesto de relieve la necesidad de crear un sistema más robusto de apoyo y asistencia. Las administraciones públicas deben continuar trabajando para eliminar obstáculos que dificulten el acceso a recursos y asistencia integral.

  • Es fundamental facilitar el acceso a servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas.
  • Los centros de emergencia y refugios deben estar dotados de los recursos necesarios para atender a las víctimas.
  • Se deben establecer mecanismos para la denuncia segura y efectiva de casos de violencia de género.

La violencia de género es un tema que requiere atención continua y respuestas efectivas. La normativa creada en respuesta a la crisis del COVID-19 es un paso en la dirección correcta, pero es solo el comienzo de un camino que aún tiene mucho por recorrer.

Sobre la autora: Florentina Marin, especializada en Derecho Penal, se graduó en la Universidad “Nicolae Titulescu”, Bucarest, Rumania, y obtuvo su Licenciatura en Derecho en 2003. Con un Máster en Derecho Penal de la misma universidad, ha trabajado en varios despachos de abogados destacados antes de fundar su propio despacho en Barcelona.

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