La situación económica actual ha llevado a muchas empresas a la cuerda floja, y los retrasos en la gestión de los ERTE están intensificando esta crisis. Los expertos advierten que, si no se toman medidas inmediatas, un número significativo de empresas podría enfrentar la quiebra.
Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo debido a la pandemia de COVID-19, la economía española ha experimentado una paralización sin precedentes. Esto ha llevado a muchas empresas a cerrar sus puertas y solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para poder sobrevivir. Sin embargo, la ineficiencia en la gestión de estas solicitudes ha creado un atasco que está asfixiando a numerosas organizaciones. De acuerdo con gestoras administrativas y economistas, este escenario podría culminar en la liquidación de alrededor de 50,000 empresas, un incremento alarmante comparado con las aproximadamente 4,000 quiebras registradas al final de 2019.
El impacto de los retrasos en la gestión de ERTE
La falta de respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de ERTE ha dejado a muchas empresas sin opciones. En muchos casos, las denegaciones han llegado con más de un mes de retraso, afectando gravemente la liquidez de los negocios. Esto les impide anticiparse y ajustar sus operaciones adecuadamente.
Las empresas que no reciben notificaciones a tiempo se encuentran en una situación precaria, sin ingresos suficientes para cubrir sus gastos. En muchos casos, la opción de presentar una nueva solicitud de ERTE podría alargarse hasta dos meses, un tiempo que muchas organizaciones no pueden permitirse esperar.
- Las empresas no pueden sostener sus costos operativos sin ingresos.
- Los préstamos ICO, ofrecidos por el Gobierno, son a menudo denegados o llegan tarde.
- El caos en la gestión está llevando a una crisis de liquidez a gran escala.
Condiciones y efectos de un ERTE por fuerza mayor temporal
Los ERTE por fuerza mayor, que se regulan mediante el Real Decreto Ley 8/2020, permiten a las empresas suspender temporalmente los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales debido a circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la ambigüedad de esta legislación ha llevado a que muchas solicitudes sean denegadas.
Cuando una empresa recibe una negativa a su ERTE, se enfrenta a múltiples consecuencias:
- Pierde la posibilidad de beneficiarse de exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Deberá asumir el coste total de los salarios de sus trabajadores.
- Podría verse obligada a iniciar un nuevo proceso de regulación, lo que implica un mayor esfuerzo legal y administrativo.
¿Qué sucede con los contratos de los trabajadores durante un ERTE?
Cuando una empresa declara un ERTE, los contratos de los trabajadores se suspenden temporalmente. Sin embargo, en caso de una denegación, los empleados no reciben la prestación por desempleo que les correspondería durante la crisis. Esto se traduce en una situación complicada tanto para la empresa como para sus empleados, quienes se ven privados de ingresos en un momento crítico.
La falta de notificación a tiempo sobre la denegación del ERTE impide que las empresas puedan reaccionar de forma adecuada. Si hubieran sido avisadas con antelación, habrían podido presentar nuevas solicitudes basadas en causas económicas.
Alternativas ante la denegación de un ERTE
Si una empresa ha visto denegado un ERTE por fuerza mayor, existen opciones que puede considerar:
- Iniciar un nuevo procedimiento ante la Dirección General de Trabajo, solicitando un ERTE por causas económicas.
- Negociar con los trabajadores y su representación legal la implementación de medidas alternativas.
- Explorar la posibilidad de refinanciar sus deudas, como lo hicieron muchas empresas en la crisis económica de 2008.
Este último punto es crucial, ya que la reestructuración de la deuda puede ser una herramienta esencial para evitar concursos de acreedores y permitir que las empresas mantengan su actividad.
La importancia de la reestructuración de la deuda
La reestructuración de la deuda empresarial no solo es una opción, sino que se considera una medida necesaria para asegurar la estabilidad del sistema financiero y la economía en general. Este proceso puede ayudar a las empresas a:
- Redefinir sus obligaciones de pago para que sean manejables.
- Conservar su capacidad para generar ingresos y empleo.
- Mejorar su relación con los bancos y entidades de crédito.
Las entidades de crédito deben evaluar cuidadosamente la situación financiera de sus prestatarios, analizando factores como el historial de pagos y la capacidad de generación de ingresos recurrentes. Esto permitirá establecer un plan de pagos que sea realista y sostenible a largo plazo.
El futuro incierto: concursos de acreedores y su tramitación
La situación actual sugiere que el caos en la gestión de los ERTE podría dar lugar a un aumento significativo en los concursos de acreedores. Los Juzgados Mercantiles ya están enfrentando un alto volumen de casos, y se prevé que este atasco se agrave aún más con la llegada de nuevos expedientes.
El impacto de esta crisis será profundo y duradero, afectando no solo a las empresas, sino también a sus empleados y a la economía en su conjunto. La falta de liquidez y la ineficiencia en la gestión de ERTEs han creado un círculo vicioso que llevará a muchas empresas al borde de la quiebra.
En este contexto, es fundamental que las empresas busquen asesoramiento legal y financiero adecuado para navegar por estas aguas turbulentas. La anticipación y la planificación serán clave para evitar que el caos actual se transforme en una crisis aún más profunda.
Marcelino Tamargo es abogado y socio-fundador de Espacio Legal, con amplia experiencia en el asesoramiento a empresas en crisis.
