La reciente reactivación de la justicia en Madrid ha levantado una serie de interrogantes que reflejan la confusión y el caos organizativo que ha caracterizado este proceso. La situación es un reflejo de cómo la administración de justicia está lidiando con la nueva normalidad, un concepto que se ha vuelto más complejo en el contexto de la pandemia y sus consecuencias.
El pasado 4 de junio de 2020 marcó un hito crucial en la justicia madrileña, ya que se levantaron las suspensiones de los plazos procesales, lo que debería haber devuelto a la normalidad el funcionamiento de los tribunales. Sin embargo, la realidad ha demostrado que no todo es tan sencillo como parece.
La reactivación y las nuevas normativas
El Real Decreto 537/2020, publicado el 20 de mayo de 2020, anunciaba el alzamiento de los plazos procesales y la reanudación de las actividades judiciales. Este decreto se promulgó en un contexto de gran incertidumbre y ha sido objeto de numerosas interpretaciones.
Con la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, se esperaba una vuelta a la operatividad normal, con la reanudación de los procesos que estaban parados. Sin embargo, esta reactivación ha puesto de manifiesto la incoherencia de un sistema que se presenta como digitalizado y eficiente pero que sigue dependiendo de la presentación de documentos en papel.
Además, la derogación de la disposición adicional cuarta, que suspendía los plazos de prescripción y caducidad, también generó expectativas sobre una mayor agilidad en el sistema, ya que se pensaba que muchos casos que estaban estancados podrían reactivarse de inmediato.
El caos en los decanatos
La realidad en los decanatos es muy diferente a la esperada. Desde el levantamiento de las restricciones, se han observado colas interminables de procuradores intentando presentar escritos. Estas esperas, que se han prolongado hasta hora y media, han evidenciado la falta de personal suficiente para atender la demanda.
- La escasez de funcionarios ha provocado un tiempo de espera inaceptable para los profesionales del derecho.
- El sistema parece no estar preparado para manejar el volumen de trabajo que se ha acumulado durante la paralización.
- La burocracia sigue demandando la presentación de documentos en papel a pesar de que muchos de estos ya se han enviado digitalmente.
Este caos ha suscitado numerosas quejas de los profesionales del derecho, quienes se ven obligados a gestionar un sistema que se contradice a sí mismo. La pregunta que resuena en el ambiente es: ¿cómo es posible que se sigan exigiendo toneladas de papel cuando la digitalización es un hecho consumado en muchos ámbitos?
Incoherencias en las medidas sanitarias
El contexto pandémico ha llevado a la implementación de medidas restrictivas en la vida cotidiana, incluidas las relacionadas con el uso de efectivo. Esto plantea un dilema en el ámbito judicial. Si el gobierno promueve el uso de medios de pago electrónicos para evitar contagios, ¿por qué se permite la entrega de grandes cantidades de documentos en papel, que potencialmente pueden estar contaminados?
Las siguientes preguntas surgen con urgencia entre los profesionales:
- ¿Es seguro presentar documentos físicos en los juzgados mientras se desaconseja el uso de efectivo?
- ¿Por qué los juzgados no adoptan una política más coherente con respecto a la digitalización?
- ¿Se prioriza la salud de los trabajadores en el sistema judicial o se mantiene la burocracia tradicional?
Esta incongruencia no solo afecta la salud de los profesionales, sino que también provoca una pérdida de tiempo que podría dedicarse a la resolución de casos pendientes.
La telemática como solución olvidada
Durante la pandemia, se implementaron medidas para facilitar la celebración de actos procesales mediante sistemas telemáticos. Sin embargo, a pesar de las promesas y regulaciones, ha habido un retroceso en este aspecto. Las actuaciones judiciales, que deberían realizarse por medios digitales, han regresado a la presencialidad, lo que contradice las expectativas de modernización del sistema.
El Real Decreto-ley 16/2020 estableció que los juicios deberían realizarse preferentemente por medios telemáticos, siempre que se dispusieran de los recursos necesarios. Sin embargo, la realidad es que el 15 de mayo de 2020, se aprobó un plan de reactivación que hacía hincapié en la necesidad de sistemas informáticos adecuados para la celebración de vistas. A pesar de ello, las actividades telemáticas han sido desestimadas.
- Se han realizado esfuerzos para establecer sistemas digitales, pero estos no han sido implementados de manera efectiva.
- El Consejo General del Poder Judicial emitió recomendaciones para la celebración de actuaciones telemáticas, pero su aplicación ha sido escasa.
- El retorno a la presencialidad sin justificación clara plantea dudas sobre la dirección que tomará el sistema judicial.
Expectativas y realidades en la nueva normalidad
La pregunta que surge es si esta situación representa el principio del fin de la nueva normalidad en los juzgados de Madrid. Mientras los profesionales esperan que se implementen las prometidas mejoras digitales, la resistencia al cambio parece prevalecer. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ha comunicado que las vistas telemáticas no pueden realizarse hasta que se instalen los sistemas digitales oficiales, lo que deja a muchos interrogantes sin respuesta.
El futuro de la justicia en Madrid depende de cómo se manejen estas circunstancias. Se requiere un compromiso real con la digitalización y la modernización de los procesos judiciales, así como una revisión crítica de las normativas actuales para asegurar que se alineen con las necesidades del momento.
Un llamado a la acción
Los profesionales del derecho y la ciudadanía en general necesitan respuestas claras y una administración judicial que funcione de manera eficaz y coherente. El sistema judicial debe evolucionar para adaptarse a las nuevas realidades impuestas por la pandemia y para cumplir con los estándares de calidad y eficiencia que merecen los justiciables. La justicia no puede permitirse ser un lastre en momentos donde la agilidad y la efectividad son más necesarias que nunca.
La colaboración entre los diferentes actores del sistema judicial es fundamental para restaurar la confianza y la funcionalidad. Al mismo tiempo, es esencial que se escuchen las voces de los profesionales que están en la primera línea de este sistema, ya que son ellos quienes pueden aportar soluciones prácticas y efectivas al caos actual.
