La crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba la resiliencia de las empresas a escala global. En este contexto, es esencial reflexionar sobre cómo optimizar los sistemas de reestructuración y concurso de acreedores para garantizar la supervivencia de miles de empresas viables y, por ende, la preservación de muchos puestos de trabajo. Este artículo explora estrategias para afrontar los retos económicos actuales y mejorar el marco concursal español.
Preparando el sistema de reestructuración para una crisis económica prolongada
Nos enfrentamos a una depresión económica que, de acuerdo con los expertos, será una de las más severas desde la guerra civil y su posguerra. Esta situación no solo significa la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo, sino que también conllevará el cierre de decenas de miles de empresas de todos los tamaños y sectores. El impacto será desigual, afectando más a aquellas comunidades con economías menos diversificadas.
Al igual que la pandemia, esta depresión económica es un fenómeno devastador que arrasará con empleos, riquezas y ahorros familiares acumulados durante años. La crisis no solo tendrá repercusiones económicas, sino también sociales y psicológicas, afectando la salud mental de los ciudadanos. Por lo tanto, es crucial que los actores económicos, incluyendo familias, empresas y administraciones públicas, adopten decisiones que no comprometan el futuro de varias generaciones.
La mejor manera de enfrentar esta adversidad es prepararse para lo que se avecina, especialmente en lo que respecta al sistema de reestructuración e insolvencia en España. Este sistema ya ha sido sometido a pruebas extremas, como la gran recesión entre 2008 y 2013, de la que aún no hemos salido completamente. A partir de estas experiencias, se pueden extraer valiosas lecciones sobre cómo mejorar y adaptarnos a la nueva realidad.
Es imperativo que aprovechemos el tiempo de confinamiento para diseñar un plan de acción que nos permita gestionar el “tsunami concursal” que se avecina. Aunque no podremos evitar por completo la crisis, sí podemos implementar mejoras significativas para salvar un mayor número de empresas y empleos.
En la actualidad, la tasa de liquidación de empresas en nuestro sistema es alarmante, alcanzando aproximadamente el 90%, una de las más altas en la Unión Europea. Este dato nos obliga a preguntarnos cómo podemos reducir esa cifra, ya que existen sistemas en otras naciones donde la tasa de liquidación es considerablemente menor. La clave está en permitir que más empresas lleguen a acuerdos de refinanciación viables y que se cumplan, en lugar de acabar en liquidación.
Beneficios de mejorar el sistema concursal
La pregunta que debemos hacernos es: ¿vale la pena implementar medidas urgentes para mejorar nuestro sistema concursal y, a su vez, la viabilidad de las empresas? La respuesta es un rotundo sí. Aunque es probable que más de 100.000 empresas soliciten su declaración de concurso, aún estamos a tiempo para optimizar el sistema.
Si logramos que en lugar del 90% de las empresas concursadas que liquidan sus activos, esa cifra se reduzca a un 75%, esto podría suponer la salvación de miles de empresas. Si consideramos que cada una de estas empresas emplea, en promedio, a seis personas, esa reducción podría traducirse en la protección de entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo.
Las medidas que se propongan no solo deben enfocarse en cambiar la normativa, sino también en involucrar a todos los actores que participan en el proceso de reestructuración. Esto incluye a administradores concursales, jueces y, por supuesto, las propias empresas y trabajadores.
La transposición de la directiva europea de insolvencia
El sistema concursal español no está preparado para la avalancha de concursos que se anticipa. Este sistema trata el concurso como un procedimiento judicial, lo que, aunque tiene sus ventajas, prolonga el proceso y dificulta la resolución efectiva de los casos. Esto se traduce en liquidaciones lentas, aprobación de convenios que tardan más de un año y una burocracia excesiva.
Un aspecto clave para mejorar esta situación es la figura del administrador concursal. Actualmente, hay cerca de 20.000 abogados y economistas que ejercen esta función, muchos de los cuales no están especializados en reestructuración. Esto, sumado a la sobrecarga de los juzgados y la falta de profesionales capacitados, crea un entorno propenso al fracaso.
El gobierno español ha enviado al Consejo de Estado un texto refundido de la Ley Concursal, un paso positivo pero insuficiente. El verdadero problema radica en la estructura del proceso, que es demasiado burocrático y lento. Por tanto, es necesario realizar una transposición rápida de la directiva de insolvencia de la UE, que contemple la profesionalización de los administradores de reestructuración.
Es fundamental que los administradores concursales sean profesionales con experiencia demostrable en el ámbito de la reestructuración, y que su número se limite para garantizar un estándar elevado de calidad. Este enfoque podría facilitar la creación de un grupo de administradores concursales que actúen de manera efectiva y transparente, mejorando la situación actual.
Características necesarias para los administradores de reestructuración
Los nuevos administradores de reestructuración (AdR) deben cumplir con ciertos criterios para garantizar que puedan desempeñar su función de manera efectiva. La directiva europea estipula que estos profesionales deben ser independientes, transparentes y estar desvinculados de cualquier organización que pueda presentar un conflicto de interés.
- Experiencia mínima de 10 años en procesos concursales.
- Capacidad para gestionar procedimientos extrajudiciales.
- Independencia profesional y ausencia de vínculos con grandes corporaciones.
- Transparencia en sus funciones y decisiones.
- Capacitación continua y actualización en normativas internacionales.
La existencia de un cuerpo profesional de administradores concursales es vital para guiar a las empresas, especialmente las medianas, a través de los procesos de refinanciación. Cuando una empresa presenta el artículo 5 bis de la ley concursal, queda protegida de ejecuciones individuales y el acuerdo de refinanciación debe contar con el respaldo de al menos el 75% de los acreedores.
Sin embargo, para que estas ventajas sean efectivas, es crucial la intervención de un AdR que proteja los intereses de todos los acreedores, incluyendo trabajadores y organismos públicos. En caso de que el plan de refinanciación fracase, estos grupos son quienes acaban asumiendo las pérdidas.
Retos y oportunidades en la implementación de reformas
La tasa de fracaso de los acuerdos de refinanciación es notablemente alta. Por ello, es imperativo que se designe un profesional de la reestructuración con la experiencia necesaria para guiar el proceso. Esto se alinea con las prácticas en otras jurisdicciones europeas donde los auditores y abogados concursales son parte de un mismo entorno profesional, pero operan de manera independiente.
Además, es urgente desarrollar un reglamento que establezca claramente las funciones y responsabilidades de los administradores concursales profesionales. Esto debería incluir criterios de selección basados en la experiencia y el número de concursos gestionados, así como la prohibición de ejercer otras profesiones para garantizar su independencia.
El modelo de designación debe ser revisado; dejar la elección a la discrecionalidad de los jueces no siempre garantiza las mejores decisiones. Un sistema como el holandés, que utiliza listas cerradas con diferentes niveles de acceso, podría ser más efectivo para asegurar que solo los profesionales más capacitados gestionen los casos más complejos.
Consideraciones finales sobre el futuro del sistema de insolvencia
Para implementar estas mejoras, los honorarios de los administradores concursales deben ser considerados como créditos prededucibles, lo que facilitaría su compensación y garantizaría un servicio de calidad. Esta práctica se encuentra en otros países como Portugal y Francia, y podría ser adaptada a nuestro sistema.
Asimismo, el acceso a la profesión debería estar basado en exámenes selectivos y en la acreditación de años de experiencia. Esto no solo elevaría el nivel de profesionalismo en el sector, sino que también ayudaría a establecer una cultura de responsabilidad y transparencia.
Finalmente, se debe establecer un sistema de control riguroso que incluya inspecciones regulares para asegurar que los administradores concursales cumplan con los estándares establecidos, fomentando así un entorno de confianza y credibilidad en el sistema concursal.
