La actual crisis sanitaria ha puesto a prueba no solo a los sistemas de salud, sino también a la administración de justicia. En este contexto, la Abogacía Española ha alzado la voz para exigir medidas que garanticen la seguridad de los profesionales del Derecho y de la ciudadanía. La situación requiere una respuesta coordinada y efectiva para asegurar que la justicia no se detenga, pero que tampoco se comprometa la salud de quienes la administran y de quienes la reciben.
Las decisiones que se tomen en este momento son cruciales y deben priorizar tanto la protección de los derechos fundamentales como la salud pública. En este sentido, el Consejo General de la Abogacía Española ha emitido una serie de recomendaciones y exigencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la situación actual.
Medidas solicitadas por la Abogacía Española
Ante la situación de crisis sanitaria, el Consejo General de la Abogacía Española ha formulado un conjunto de exigencias que buscan garantizar un equilibrio entre el funcionamiento del sistema judicial y la seguridad de todos los involucrados. Las siguientes propuestas son esenciales para la adaptación del sistema judicial a las circunstancias actuales:
- Suspensión de actos judiciales colectivos: Se requiere la suspensión de todos los actos judiciales en zonas de riesgo, como Madrid y La Rioja, salvo aquellas actuaciones que sean de urgente necesidad, las cuales deben estar claramente definidas y no dejarse al criterio individual de los jueces.
- Paralización de plazos procesales: Se solicita que se paralicen los plazos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales, similar a lo que ocurre en agosto, extendiendo esta medida mientras duren las restricciones sanitarias.
- Ralentización de la actividad de los juzgados: La actividad judicial en el resto del país debe ser ajustada a la disponibilidad del personal y las condiciones de salud, asegurando que no se lleven a cabo señalamientos cuando algún abogado esté en aislamiento.
- Supresión del requisito de vestir toga: Se propone eliminar la obligación de togar en actos procesales, dado que esto podría contribuir a la transmisión del virus.
- Seguridad en el Turno de Oficio: Las Administraciones Públicas deben proporcionar medidas que limiten el contacto físico entre los abogados de oficio y sus clientes, y dotarles del material de protección necesario.
- Cautelas en intervenciones: Se pide que se garantice la seguridad de los abogados en todas sus intervenciones, ya sean ante organismos judiciales o policiales.
- Atención telemática: La atención presencial en los Servicios de Orientación Jurídica debe ser sustituida por atención telemática para evitar riesgos de contagio.
Protocolos de seguridad para el Turno de Oficio
El Turno de Oficio es una parte esencial del sistema judicial, garantizando el acceso a la defensa a aquellas personas que no pueden costear un abogado. En este contexto, es vital implementar protocolos de seguridad que protejan tanto a los abogados como a sus clientes.
Los protocolos sugeridos incluyen:
- Material profiláctico: Asegurar que todos los abogados del Turno de Oficio reciban el material de protección necesario, similar al utilizado por el personal de las fuerzas de seguridad.
- Salas adecuadas: Utilizar espacios más grandes para las reuniones, garantizando la distancia social y evitando el contacto en calabozos.
- Formas telemáticas: Fomentar el uso de herramientas digitales para la atención a los clientes, lo cual puede incluir videoconferencias y llamadas telefónicas.
Importancia del cumplimiento de medidas sanitarias
El cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias es crucial en este momento. La Abogacía Española ha instado a todos los profesionales a seguir las pautas de prevención recomendadas. Esto incluye:
- Distancia de seguridad: Mantener una distancia adecuada durante las interacciones con clientes y colegas.
- Evitar reuniones presenciales: Especialmente con personas que presenten síntomas compatibles con el COVID-19.
- Teletrabajo: Fomentar el trabajo a distancia siempre que sea posible, minimizando así el contacto físico.
Responsabilidad de despachos y empresas
Los despachos de abogados y las empresas donde trabajan numerosos colegiados tienen un papel fundamental en esta crisis. Se les insta a adoptar medidas que faciliten el teletrabajo y a implementar prácticas de higiene adecuadas. Esto incluye:
- Implementación de protocolos de higiene: Asegurarse de que se sigan las recomendaciones de limpieza y desinfección en las oficinas.
- Fomento del teletrabajo: Crear un entorno laboral que facilite el trabajo desde casa para reducir el riesgo de contagio.
- Capacitación y formación: Ofrecer formación sobre el uso de herramientas digitales y plataformas de comunicación.
Impacto en la administración de justicia
Las medidas propuestas no solo buscan proteger a los profesionales del Derecho, sino también asegurar que la administración de justicia pueda seguir funcionando de manera efectiva. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de:
- Adaptación del sistema judicial: La justicia debe evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades, incluyendo el uso de la tecnología.
- Equilibrio entre salud y derechos: Es fundamental encontrar un equilibrio que no comprometa los derechos fundamentales de los ciudadanos en tiempos de crisis.
- Innovación en la práctica jurídica: La crisis puede ser una oportunidad para innovar y mejorar los servicios jurídicos a través de la digitalización y nuevas metodologías de trabajo.
La Abogacía Española está desempeñando un papel clave en la defensa de la seguridad de los profesionales del Derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos ante esta crisis sanitaria. Su compromiso con la justicia y la salud pública es un ejemplo de responsabilidad social en tiempos difíciles.
